La ciudad de Los Ángeles vivió este domingo su tercer día consecutivo de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes que se oponen a las deportaciones masivas y las autoridades. La tensión se ha exacerbado con el despliegue del primer contingente de 300 soldados de la Guardia Nacional, de los 2,000 autorizados por el presidente Donald Trump.

Las protestas, que inicialmente fueron en su mayoría pacíficas, escalaron frente a un edificio federal en el centro de la ciudad, provocando una dura respuesta por parte de los uniformados. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, hizo un llamado a los manifestantes a mantener la calma y la paz: "No le den a Trump lo que quiere. Hablen alto. Permanezcan pacíficos. Mantengan la calma. No usen la violencia y respeten a los agentes de la ley", publicó en Instagram.

Newsom ha criticado duramente a la Administración Trump, acusándola de crear un "espectáculo" y "caos" con las detenciones de migrantes realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde el viernes. El gobernador calificó el despliegue militar, que él no solicitó, de "ilegal" y una "grave violación de la soberanía del Estado", demandando la retirada de la orden a la Secretaría de Defensa.

Este despliegue de la Guardia Nacional sin la autorización del gobernador es inaudito en 60 años, siendo la última vez en 1965 bajo Lyndon B. Johnson para proteger una marcha por los derechos civiles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también condenó la medida, calificándola de "escalada caótica" que genera "miedo" en la comunidad.

Por su parte, el presidente Trump justificó el despliegue en redes sociales, tachando las protestas de "Izquierda Radical" e "instigadores pagados", y amenazando con prohibir el uso de máscaras. A pesar de que funcionarios locales y la policía habían afirmado que las protestas estaban contenidas, Trump pareció utilizar un graffiti en un edificio federal como pretexto para su acción. La controversia se intensificó con amenazas de Tom Homan, "zar de la frontera" de Trump, de arrestar a Bass y Newsom si "se exceden" en sus competencias. Expertos en derechos civiles, como Hina Shamsi de ACLU, han advertido sobre los riesgos "legal y ético" de esta militarización, socavando el principio de que las fuerzas armadas no deben vigilar a los ciudadanos. 

Nota referencia: Crónica.