El sistema político mexicano se sacude desde sus cimientos tras la demoledora acusación de la justicia estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En un movimiento sin precedentes, la administración de Donald Trump, a través de la DEA y la fiscalía de Nueva York, ha puesto al mandatario estatal en el centro de una red criminal, señalándolo de permitir que la facción de Los Chapitos operara con total impunidad bajo su protección. La acusación no solo apunta a una omisión de funciones, sino a una colaboración activa donde el poder público se habría puesto al servicio del narcotráfico para garantizar el envío de narcóticos letales hacia la frontera norte.

Los detalles del expediente judicial son contundentes y pintan un cuadro de corrupción sistémica que involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel. Según las investigaciones encabezadas por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, la relación de Rocha Moya con el crimen organizado fue fundamental para su ascenso político en noviembre del 2021. Se presume que los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán no solo habrían ayudado a ganar su elección, sino que desde entonces el gobernador habría asistido a reuniones con los líderes del cártel, facilitando secuestros e intimidando a rivales de la organización.

La red de complicidad se extiende a las fuerzas del orden y la administración estatal, con nombres como el senador Enrique Inzunza y mandos policiales bajo la lupa. Las acusaciones detallan que se desplegaron agentes de la Policía Estatal y de Investigación para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia, transformando a las instituciones de seguridad en una escolta privada. Mientras el fiscal Clayton advierte que ningún cargo protegerá a quienes venden sus oficinas por sobornos masivos, en México la Secretaría de Relaciones Exteriores ya turnó las solicitudes de extradición a la Fiscalía General de la República, a pesar de que el fiscal especial Ulises Lara sostiene que los documentos aún no aportan evidencias contundentes para determinar responsabilidades.

Este terremoto judicial revela presuntos pagos mensuales de miles de dólares para proteger a Los Chapitos de arrestos e informarles sobre operativos policiales planeados por agencias de inteligencia. El encausamiento incluso señala la participación directa en violencia y represalias, incluyendo el secuestro de personas sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses. Ahora, con la solicitud formal de extradición recibida el 28 de abril, el destino de Rocha Moya y su círculo cercano pende de un hilo ante la justicia federal de Nueva York.

Nota de referencia: Excelsior.