La medida, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, obliga a ajustar incluso las jubilaciones vigentes, con excepciones específicas para las Fuerzas Armadas y ahorros voluntarios.

Con 116 votos a favor, el pleno del Senado dio luz verde a la modificación del artículo 127 de la Constitución para frenar lo que los legisladores calificaron como cargas presupuestarias insoportables. La reforma establece un tope estricto para las pensiones en sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos públicos y entes paraestatales, tanto a nivel federal como estatal y municipal. 

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aclaró que la ley no es retroactiva en el sentido de exigir la devolución de dinero ya cobrado, pero sí exige que los montos actuales se adecuen al nuevo límite de manera inmediata. Durante el debate, se revelaron disparidades críticas donde, mientras el promedio nacional de pensiones es de siete mil pesos, existen exfuncionarios que perciben hasta un millón de pesos mensuales. 

Aunque la oposición (PAN, PRI y MC) votó a favor en lo general, cuestionó que se utilizara el salario del Ejecutivo como referencia en lugar de Unidades de Medida y Actualización (UMA), y señalaron la exclusión de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial de este recorte. 

Pese a las objeciones técnicas, la mayoría legislativa defendió el proyecto como una consolidación de la austeridad republicana que permitirá un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales, orientando los recursos hacia el fortalecimiento del Estado de bienestar.