Una profunda ola de preocupación e incertidumbre sacude a los productores agrícolas de la entidad y de todo el norte del país. Lejos de incentivar la optimización del recurso, el nuevo Programa Nacional Hídrico —publicado formalmente el pasado lunes 18 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— contempla mecanismos que castigan el ahorro de agua en el campo, permitiendo al Gobierno Federal retirar de manera discrecional los volúmenes excedentes que los agricultores logren rescatar mediante procesos de tecnificación.

Especialistas del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) encendieron las alarmas al detallar que las reglas del juego cambiaron drásticamente, rompiendo un acuerdo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había firmado con el sector en noviembre pasado para evitar criterios unilaterales en la renovación de concesiones. Con el nuevo esquema, si un huerto o parcela invierte en sistemas de riego inteligente y gasta menos líquido, el Gobierno Federal retomará ese volumen sobrante bajo el argumento de "falta de uso", en lugar de permitirle al productor expandir su capacidad de siembra.

El plan de la administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, proyecta la tecnificación de 200 mil hectáreas con recursos públicos hacia el año 2030; sin embargo, esta modernización estatal estará condicionada a que los beneficiarios ceda "voluntariamente" los derechos del agua ahorrada. En caso de que un agricultor se oponga a entregar su excedente, la Conagua tendrá la facultad de iniciar auditorías y procedimientos administrativos para revocar parcialmente la concesión, bajo conceptos de libre interpretación como la supuesta "sobreexplotación" o el uso "irresponsable" de los mantos acuíferos.

A este panorama de fiscalización extrema se suma una drástica reducción en la vigencia de los títulos de explotación hídrica. Mientras que en los sexenios pasados los permisos de extracción se otorgaban con duraciones de entre 10 y 30 años dando certeza jurídica al campo, actualmente los agricultores se enfrentan a trabas burocráticas extremas para lograr las renovaciones, recibiendo plazos mucho más cortos que frenan por completo las inversiones financieras requeridas para hacer productivas las tierras norteñas.

Jorge Luis López, vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del CNA, advirtió que la meta federal de recuperar 3 mil millones de metros cúbicos de agua para el consumo humano hacia el 2030 obligará a la autoridad hídrica a buscar activamente cualquier pretexto legal o técnico para recortar los derechos de los usuarios. Esta cacería de volúmenes ya se ha resentido con fuerza en la cuenca del Río Bravo y estados del norte del país, donde la delegación regional de Conagua, encabezada por Luis Carlos Alatorre, mantiene un endurecimiento en las auditorías, clausuras de pozos y recortes masivos que amenazan con desatar severas protestas en el agro nacional.

Nota de referencia: Reforma.