Estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) indican que, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, la población privada de la libertad en Centros de Reinserción Social (Ceresos) pasó de 205 mil 954 a 228 mil 923 personas, lo que representa un incremento de 22 mil 969 internos.

En el mismo periodo, los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) registraron un aumento de 359 personas privadas de la libertad, al pasar de 6 mil 988 a 7 mil 347 reclusos.

Del total de internos en cárceles estatales, nueve entidades concentran 64% de la población penitenciaria: Sonora, Estado de México, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tabasco, Coahuila y Nuevo León.

Especialistas y organizaciones civiles advierten que el crecimiento sostenido de la población penitenciaria no ha ido acompañado de un fortalecimiento del sistema de reinserción social. Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz, señaló que el incremento de detenciones y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa han llevado a niveles históricos de sobrepoblación en las cárceles.

Indicó que un sistema penitenciario centrado únicamente en el castigo favorece la reincidencia, al no ofrecer a las personas privadas de la libertad acceso suficiente a atención emocional, actividades culturales, deportivas y oportunidades de trabajo.

Por su parte, Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad, explicó que el aumento de internos refleja la estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, basada en operativos conjuntos que han derivado en miles de detenciones por delitos del fuero común y federal.

A su vez, Guillermo Alcántar Mendoza, catedrático de la UNAM, atribuyó el crecimiento de la población carcelaria a la reforma constitucional al artículo 19, que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Señaló que esta medida no resuelve de fondo los problemas de inseguridad y subrayó la necesidad de fortalecer la prevención del delito y la cultura de la legalidad.