La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, envió a comisiones la iniciativa que prohíbe pensiones para servidores públicos que superen la mitad del sueldo del Presidente de la República.

La medida será retroactiva, afectando tanto a jubilaciones futuras como a las ya otorgadas, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el bienestar colectivo.

En un movimiento legislativo que busca erradicar las disparidades económicas en la administración pública, el Senado de la República recibió formalmente la iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política. El proyecto de decreto establece un candado estricto: ninguna persona servidora pública, ya sea de nivel federal, estatal o municipal, podrá recibir una pensión que rebase el 50 por ciento de la remuneración total asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal. Esta regulación impactará directamente a personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos, eliminando los regímenes de excepción que permitían cobros desproporcionados.

El documento, remitido por la titular del Ejecutivo Federal, subraya que la reforma tiene un carácter correctivo y preventivo. Al aplicarse también a las pensiones otorgadas con anterioridad, se busca liberar la presión presupuestaria que hoy asfixia a diversas instituciones y compromete la estabilidad financiera del Estado Mexicano a largo plazo. La iniciativa enfatiza que los recursos públicos deben priorizar el bienestar de la mayoría y no el sostenimiento de jubilaciones de élite que resultan financieramente insostenibles. Tras el anuncio oficial en el Pleno, el dictamen fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación inmediata.