Las negociaciones entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han entrado en un punto de quiebre absoluto. El director del ISSSTE, Martí Batres, lanzó una advertencia letal al magisterio disidente, calificando como una total inviabilidad financiera su demanda principal de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007. El funcionario reveló que cumplir con esa exigencia le costaría al Estado mexicano más de siete billones de pesos, una cifra que equivale a 20 puntos del Producto Interno Bruto y que paralizaría las finanzas del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Batres sepultó las esperanzas de la CNTE de desaparecer el sistema de cuentas individuales de la noche a la mañana, argumentando que el gobierno no puede expropiar esos fondos porque cada cuenta tiene un dueño legítimo. Ante el rechazo de los maestros a las propuestas oficiales, la única carta que el gobierno mantiene sobre la mesa es el fortalecimiento de PENSIONISSSTE, defendiéndola como la opción más viable por ser una afore pública con la comisión más baja del mercado.

La tensión escaló al plano social cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un enérgico llamado para levantar de inmediato el plantón que desquicia el Centro Histórico de la Ciudad de México desde hace 15 días. La funcionaria exigió a los manifestantes que dejen de pisotear los derechos de terceros, frenando las graves afectaciones económicas que sufren los comerciantes y visitantes, y demandando el regreso a las aulas para no seguir perjudicando a los niños en el cierre del ciclo escolar.

En un intento por destrabar el conflicto en el sector educativo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que en agosto se iniciará una consulta masiva escuela por escuela para diseñar una nueva reforma que reemplace a la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros. La estrategia busca que las bases voten directamente las modificaciones para tener una iniciativa lista en el próximo periodo legislativo, mientras el ala radical del magisterio mantiene el Zócalo bajo un estricto cerco de protesta. Nota de referencia: El Financiero.