Una contundente iniciativa de ley busca poner fin a la negligencia institucional y al manejo irresponsable de la información privada de las mujeres que deciden alzar la voz contra sus agresores. La propuesta, promovida por la diputada Nadia Navarro Acevedo, plantea reformas urgentes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar el blindaje absoluto de sus datos personales y sensibles durante cualquier proceso penal o administrativo.

La reforma a los artículos 18, 30, 34 Ter y 34 Quáter tipifica formalmente como "Violencia Institucional" la falta de protección, resguardo o uso inadecuado de la información confidencial de las víctimas. Esto significa que cualquier filtración o exposición de datos recabados en investigaciones que derive en la revictimización de las denunciantes será considerada una grave falta por parte de las autoridades del Estado.

El proyecto de ley detalla que al interponer una denuncia, las mujeres entregan al Estado detalles sumamente íntimos de su esfera privada, como su domicilio, lugar de trabajo, entorno familiar, información médica e historial de relaciones. La filtración de estos registros se ha convertido en un arma peligrosa que facilita la localización por parte del agresor, propiciando actos de intimidación, hostigamiento o violencia adicional, especialmente en plataformas digitales.

Ante esta alarmante vulnerabilidad, la iniciativa turnada a la Comisión de Igualdad de Género establece que las órdenes de protección expedidas por jueces y autoridades deberán incluir de manera obligatoria medidas administrativas para resguardar la identidad en expedientes físicos y electrónicos. Con esto, se busca dejar claro que la protección de datos no es un mero trámite de gestión documental, sino un mandato jurídico vinculante para proteger la vida y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes en el país.