La diputada María del Rosario Guzmán Avilés (PAN) propuso una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con el objetivo de aumentar las penas aplicables cuando la víctima sea una niña o un niño menor de tres años de edad.

La iniciativa plantea modificar el artículo 10 de dicha ley para que, en estos casos, la sanción actual —que va de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa— se incremente hasta en una mitad tanto en su mínimo como en su máximo, debido a la alta peligrosidad del delito y la extrema indefensión de las víctimas en esa etapa de la vida. El proyecto fue turnado a la Comisión de Justicia para su análisis.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que el secuestro es uno de los delitos más graves que enfrenta la sociedad mexicana, ya que no solo afecta a la víctima directa, sino también a su familia y a su entorno inmediato.

Destaca que el impacto del delito es aún mayor cuando se comete durante la primera infancia, particularmente entre los cero y tres años, una etapa clave para el desarrollo físico y mental de las y los menores, quienes requieren atención constante, cuidados médicos, vacunación, vigilancia nutricional y la presencia permanente de sus padres.

La diputada subraya que la exposición a hechos traumáticos como el secuestro puede generar secuelas a lo largo de la vida, y que, de acuerdo con especialistas, las personas que sufren trauma y estrés crónico en edades tempranas tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión, problemas de salud mental, adicciones y otras afectaciones.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, uno de cada diez secuestros registrados en México entre enero de 2015 y diciembre de 2024 tuvo como víctimas a niñas, niños y adolescentes, lo que refuerza la necesidad de endurecer las sanciones para quienes cometan este delito.