Senadores de la República plantearon reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de crear un mecanismo excepcional que permita a jueces imponer sanciones más estrictas a jóvenes de 16 y 17 años involucrados en delitos dolosos de extrema gravedad.

El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez, explicó que el sistema actual fue diseñado con un enfoque educativo y de reinserción social, pero reconoció que la realidad ha cambiado. Señaló que grupos criminales están reclutando a adolescentes para cometer delitos como homicidio doloso, secuestro, violación agravada y portación de armas de fuego.

Indicó que este fenómeno ya es un problema estructural en estados como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y la Ciudad de México, donde la participación de menores en hechos violentos ha ido en aumento.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre 2019 y 2024 las investigaciones por homicidio doloso cometidos por menores crecieron más de 40 por ciento. En la capital del país, los casos de adolescentes de entre 14 y 17 años detenidos por homicidio y portación de armas se duplicaron, muchos de ellos reclutados desde edades tan tempranas como los 12 años.

Organizaciones civiles como Reinserta A.C. advierten que más de 250 mil menores están en riesgo de ser captados por la delincuencia, debido a factores como la pobreza, la desintegración familiar y la percepción de impunidad.

Casos recientes, como el asesinato del empresario Samuel Cohen Gindi y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en los que presuntamente participaron adolescentes, reflejan una tendencia preocupante de jóvenes que asumen roles letales dentro de estructuras criminales.

Ramírez Marín aclaró que la iniciativa no pretende criminalizar a la juventud, sino brindar al Estado herramientas legales proporcionales y con enfoque en derechos humanos para responder a delitos de extrema violencia. La propuesta incluye la creación de un nuevo Título VII Bis, que establece criterios claros, plazos y procedimientos para que las decisiones judiciales se basen en evidencia técnica y respeten las garantías de los adolescentes.

Nota referencia: La Crónica.