Un contundente e implacable golpe contra la impunidad y el crimen organizado sacudió las estructuras delictivas, al ejecutarse una ofensiva de alta escuela que terminó con la captura de un peligroso objetivo prioritario. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), asestaron un hachazo definitivo al detener en el estado de Puebla a dos personas, entre ellas a Homero “N”, identificado con garras de hierro como el líder de un grupo delictivo generador de violencia en el estado de Morelos.

La línea de fuego de esta captura se desató derivado de una denuncia ciudadana y de exhaustivos trabajos de inteligencia e investigación, los cuales permitieron a los agentes de seguridad rastrear de forma implacable los movimientos del capo. Homero “N” comandaba una célula delictiva con presencia dominante en los municipios morelenses de Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan, trinchera criminal desde donde operaba y coordinaba la ejecución de sangrientos delitos de homicidio y extorsión que mantenían bajo asedio a la población.

Con la información recabada en el búnker de inteligencia, las fuerzas federales implementaron vigilancias fijas y móviles de manera estratégica en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Fue en este perímetro donde los agentes ubicaron con precisión quirúrgica el vehículo en el que viajaban los sospechosos; tras interceptarlos y realizar una inspección de seguridad, corroboraron la identidad del líder criminal y consumaron su detención inmediata junto con una mujer que lo acompañaba en la unidad.

Para cerrar filas en este lunes 8 de junio de 2026, el Gabinete de Seguridad aplicó mano dura al asegurar en el sitio un arma de fuego corta, diversas dosis de marihuana y cristal, una identificación apócrifa y el automóvil en el que se trasladaban. Tras leerles sus derechos constitucionales, los detenidos y el arsenal fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, refrendando el compromiso inamovible de mantener una cacería sin tregua contra los delitos de alto impacto en todo el país.