La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), a través de su Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, logró la vinculación a proceso de José Alberto N. G., tras acreditarse su probable responsabilidad en un violento esquema de extorsión agravada y secuestro virtual que dejó un millonario quebranto económico para una familia chihuahuense.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el golpe delictivo comenzó a ejecutarse el 6 de febrero de 2018. En esa fecha, una de las víctimas recibió una llamada en su teléfono celular por parte de un sujeto que se identificó como miembro del grupo criminal “La Línea”. Mediante amenazas de muerte e intimidaciones de alto impacto, el joven fue obligado a cambiar el chip de su teléfono y a resguardarse de forma clandestina en un hotel de la ciudad de Chihuahua, perdiendo total contacto con sus familiares.

Durante tres días de encierro forzado, los delincuentes mantuvieron el control absoluto sobre la víctima mediante llamadas constantes, obligándolo a tomarse fotografías y enviárselas bajo la advertencia de que lo ejecutarían si desobedecía. Simultáneamente, el grupo delictivo utilizó esas mismas imágenes para llamar a los padres del joven, asegurándoles que lo tenían secuestrado y que lo privarían de la vida si no pagaban un rescate inmediato.

Presa del pánico y el terror psicológico, la familia cedió a las presiones y depositó de forma escalonada un total de 2 millones 148 mil 160 pesos en diversas cuentas bancarias. Las indagatorias financieras de la Fiscalía rastrearon los movimientos de efectivo y descubrieron que, del gran total del botín, la cantidad de 50 mil pesos fue a parar de manera directa a la cuenta personal del hoy imputado, José Alberto N. G.

La caída del implicado se consolidó gracias al cruce de información interestatal. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se trasladaron hasta el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en el estado de Jalisco —donde el sujeto ya se encontraba recluido por otros delitos—, para notificarle formalmente la orden de aprehensión por los hechos ocurridos en Chihuahua. Un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos determinó que el acusado enfrente este nuevo proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

 De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).