La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a través de las diputadas Anayeli Muñoz Moreno e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, presentó una iniciativa crucial para transformar las condiciones de vida de las más de 15,000 mujeres privadas de la libertad en México y, especialmente, de los niños menores de tres años que viven con ellas en reclusión.

La propuesta busca reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para establecer políticas penitenciarias con enfoque de género, salud pública y derechos humanos, asegurando el interés superior de la niñez y un trato digno para las madres.

• Espacios Digno para Niños: Se obligará a las autoridades a proporcionar áreas adecuadas para el esparcimiento, recreación y actividades lúdicas para los menores de tres años, con el fin de favorecer su desarrollo físico, emocional y social.
• Acompañamiento Especializado: Se contempla la asignación de personal capacitado para dar acompañamiento educativo, estimulación temprana, apoyo emocional, y evaluaciones periódicas del desarrollo integral (físico, psicológico y nutricional) de los niños.
• Lactancia Digna: Los centros penitenciarios deberán contar con espacios específicos, dignos e higiénicos para la lactancia materna, separados de la población general.
• Separación Sensible: Al cumplirse la edad máxima de estancia del menor en prisión, la separación de la madre deberá ser progresiva y sensible, respaldada por un dictamen psicológico que asegure el mantenimiento del vínculo emocional durante la transición.
• Salud Integral para Madres: Se garantiza el derecho de las reclusas a recibir atención médica especializada y periódica en salud preventiva, sexual, reproductiva, mental y nutricional.
• Gestión Menstrual: Se exigirá el suministro de productos de gestión menstrual suficientes y el acceso a espacios higiénicos para su ciclo, un derecho esencial históricamente desatendido.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, argumenta que la mayoría de las mujeres en reclusión se encuentra en edad reproductiva (entre 20 y 40 años), por lo que sus necesidades de salud y maternidad son distintas y requieren una respuesta integral que no limite el ejercicio pleno de la maternidad dentro de la cárcel.