En un operativo de alta seguridad que pone freno al tráfico ilegal de sustancias letales, la Profepa y la Semarnat lograron el retiro y disposición final de más de media tonelada de mercurio líquido asegurado en el Puerto de Manzanillo, Colima. El cargamento, que consistía en 644 kilogramos de este elemento altamente tóxico, estaba camuflado dentro de 48 rodillos de banda transportadora. Con esta acción, el Gobierno de México no solo evita un desastre ambiental de proporciones internacionales, sino que cumple con el Convenio de Minamata, un tratado global diseñado para proteger a los seres humanos y a la naturaleza de los efectos devastadores del mercurio, una sustancia que puede destruir el sistema nervioso y los órganos vitales con tan solo una exposición mínima.

La historia de este decomiso comenzó en 2022, cuando un exportador intentó burlar a la justicia declarando el cargamento como "mercancía no regulada" para evitar los permisos ambientales. Sin embargo, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó irregularidades en el papeleo y llamó a los inspectores de la Profepa, quienes confirmaron que los rodillos no llevaban piezas mecánicas, sino veneno puro en estado líquido. Tras años de proceso administrativo, el pasado 17 de enero de 2026 se activó un convoy de seguridad extrema para trasladar el mercurio desde Colima hasta Ramos Arizpe, Coahuila. Allí, una empresa especializada someterá el metal a un proceso de estabilización para enterrarlo permanentemente en un confinamiento seguro, lejos del contacto humano.

El riesgo de este cargamento no era menor: el mercurio es una amenaza crítica, especialmente para mujeres embarazadas y niños, ya que ataca directamente el desarrollo del cerebro, los pulmones y los riñones. Por este intento de tráfico ilícito, los responsables podrían enfrentar hasta nueve años de prisión y multas millonarias, según el Código Penal Federal. Con este golpe al mercado negro de químicos, las autoridades ambientales reafirman que la salud de los mexicanos no está a la venta y que el control sobre sustancias peligrosas será cada vez más estricto para garantizar un medio ambiente sano hacia el 2030.