Con el respaldo unánime del Pleno del Congreso local, la iniciativa impulsada por el diputado Jorge Soto ha sido aprobada y remitida al Congreso de la Unión con un objetivo claro: reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) para castigar de forma severa el acoso laboral, el hostigamiento y el abuso sexual dentro del servicio público. La propuesta busca cerrar un peligroso vacío legal que permitía que estas conductas, de alto impacto, solo fueran perseguibles por la vía penal.

El legislador, autor de la iniciativa, enfatizó que esta reforma es crucial para imponer la ética y la obligación de impedir abusos en la administración. “Es una reforma que cierra el paso a los servidores públicos que abusan de su posición para acosar o ejercer violencia sexual. Existía una omisión en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y como servidores públicos debemos tener la obligación de impedir este tipo de abusos”, señaló Soto.

La propuesta, ahora elevada al ámbito federal, busca que el acoso y el abuso de autoridad con connotaciones de violencia de género sean considerados faltas administrativas graves, sancionables con la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo.

La iniciativa adiciona artículos clave a la LGRA para definir explícitamente estas conductas e incorpora la perspectiva de género en los procedimientos administrativos, reforzando las medidas cautelares para proteger los derechos humanos y laborales de las víctimas.

“No basta con ser éticos; debemos garantizar que el Estado no sea cómplice del abuso. Esta reforma es un paso más hacia un servicio público con integridad y con respeto a la dignidad de las personas”, concluyó Soto.