Basada en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la legisladora de Morena reveló cifras contundentes: Chihuahua registra un 37.8% de prevalencia en violencia laboral, superando por 10 puntos la media nacional. Más grave aún es la situación de discriminación por embarazo, donde el estado rebasa la media nacional por casi 12 puntos porcentuales, afectando a más de 220 mil mujeres chihuahuenses a lo largo de su vida activa.

La propuesta de Palma Ontiveros busca reformar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Atención y Apoyo a Personas Trabajadoras del Campo. El objetivo es armonizar la legislación local con las reformas federales de 2024, obligando a los empleadores a garantizar servicios médicos, hospitalarios y los descansos pre y postnatales, así como los periodos de lactancia para las trabajadoras temporales del sector agrícola.

"Es una oportunidad valiosa para que este Congreso participe desde su trinchera protegiendo a las mujeres que viven condiciones muy difíciles en el campo", señaló la congresista. La iniciativa pone especial énfasis en vigilar que las personas empleadoras eviten despidos injustificados motivados por la maternidad, asegurando que el Estado sea un guardián activo del derecho al trabajo digno y sin violencia.

Con esta reforma, se pretende transitar hacia un modelo de justicia laboral que elimine las brechas de protección legal que, según estimaciones de la ONU, tardarían casi tres siglos en cerrarse al ritmo actual. Para el Grupo Parlamentario de Morena, dignificar el trabajo de las jornaleras es un paso indispensable para pacificar y democratizar la vida pública en las zonas rurales de Chihuahua.