En una comparecencia marcada por el debate y el reconocimiento de avances, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentó este martes ante el Pleno del Senado de la República para detallar las acciones y resultados del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El funcionario sorprendió al anunciar un endurecimiento sin precedentes en la vigilancia de combustibles en aduanas, pieza clave en la estrategia para desmantelar el contrabando conocido como "huachicol fiscal", mientras que lanzó un llamado urgente a los legisladores para unificar el marco legal contra la extorsión a nivel nacional.

La visita de García Harfuch, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, sirvió de plataforma para exponer la estrategia de seguridad, que, según datos presentados por la senadora Lucía Trasviña, ha logrado una reducción del 32% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Sin embargo, la sesión se convirtió en un termómetro de la política nacional, donde la oposición, aunque reconoció la voluntad de ejercer mano firme, exigió más resultados en las calles.

Uno de los anuncios más relevantes del secretario fue el fortalecimiento de los controles en aduanas y puntos de ingreso para combatir el contrabando de combustibles. Indicó que, en una acción de coordinación interinstitucional, "hoy se analiza cada buque que arriba a territorio nacional, para verificar que el contenido declarado coincida con el tipo de combustible transportado". Harfuch detalló que esta labor conjunta involucra a diversas secretarías, Pemex, Aduanas y la FGR, con el objetivo de garantizar que no exista combustible fuera del registro oficial y llevar a los responsables del llamado "huachicol fiscal" "hasta las últimas consecuencias".

Frente a las y los senadores, el titular de Seguridad catalogó la extorsión como un "desafío de fragmentación normativa" y defendió la necesidad de crear una Ley General en materia de Extorsión. Argumentó que la tipificación y sanción distinta en cada entidad federativa genera vacíos legales y obstaculiza la persecución uniforme y la coordinación interestatal. Esta propuesta busca dotar de un marco jurídico homogéneo que fortalezca la acción penal contra uno de los delitos que más afecta a familias y empresarios.

La comparecencia se desarrolló entre el respaldo de la mayoría y las críticas constructivas y duras de la oposición.

• El oficialismo y aliados (Morena, PVEM, PT) reconocieron el cambio de enfoque de la estrategia, la reducción de homicidios y el combate frontal a delitos como el huachicol, destacando que encuestas ya reflejan que la población percibe la funcionalidad de la estrategia. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, manifestó el acompañamiento de la Cámara a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
• PAN y PRI reconocieron la voluntad de actuar contra el crimen, pero el senador Agustín Dorantes (PAN) resaltó que "no puede haber una patria generosa en la que los cárteles extorsionan" y reconoció la apuesta al combate a la delincuencia. Por su parte, Miguel Ángel Riquelme (PRI) criticó que la estrategia "repite parte del sexenio pasado" al ser centralista, militarizada y con falta de metas claras, señalando que la paz aún está "muy lejos" de la realidad en las calles.
• Movimiento Ciudadano, a través del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, valoró que se haya dejado atrás la narrativa ideológica, pero sentenció que el mayor pendiente es que "el Estado llega tarde a los lugares de los que el crimen nunca se fue", urgiendo a fortalecer a las corporaciones locales.

En respuesta, García Harfuch concluyó que, si bien se busca el fortalecimiento de todas las policías municipales, la realidad diaria exige fortalecer a las 32 policías y fiscalías estatales para una coordinación más rápida y efectiva, y afirmó que la estrategia actual tiene continuidad con el sexenio anterior en su eje rector: la atención a las causas que originan la violencia.