Con 271 votos Morena y aliados imponen la nueva Comisión de Integridad de Candidaturas..
En un intento por frenar la infiltración de perfiles oscuros en los procesos electorales, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con una votación de 271 votos a favor por parte del bloque oficialista y 92 en contra de la oposición, el dictamen —nacido de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— fue enviado de inmediato al Senado de la República para su revisión constitucional.
La espina dorsal de esta reforma es la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano que encendió las alertas en el recinto de San Lázaro. En el último minuto, una reserva impulsada por Morena redujo el número de sus integrantes de cinco a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que un comité más compacto agilizará la toma de decisiones ante la avalancha de expedientes que se avecina.
El mecanismo operará mediante un análisis de riesgo profundo. La Comisión coordinará un bloque de choque con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y el sistema financiero para rastrear el historial de quienes pretendan postularse a un cargo de elección popular, ya sea federal o local, antes de que queden registrados formalmente.
Sin embargo, el proyecto nació con una enorme condicionante: el esquema será completamente opcional y voluntario. Serán los propios partidos políticos o los aspirantes independientes quienes decidan si se someten a la báscula de inteligencia y, a su vez, los partidos tendrán la última palabra para decidir si bajan o mantienen una candidatura tras recibir el reporte confidencial de riesgo.
Mientras el bloque de Morena y el PT defendieron la reforma asegurando que busca sanar una herida abierta en la democracia y proteger a la política de la criminalidad sin violar derechos políticos, la oposición encabezada por el PRI y el PAN votó en contra, acusando que el dictamen atenta contra el sistema democrático y exigiendo un debate profundo ante un mecanismo que consideran ambiguo y hecho a modo.
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