Durante la actual Legislatura, legisladores de todas las bancadas han presentado propuestas para sancionar a quienes enganchen, recluten, obliguen, rapten o utilicen a menores de edad para cometer delitos, participar en actividades ilícitas o integrarse a grupos armados del crimen organizado. Sin embargo, ninguna de estas reformas ha avanzado en comisiones.

El diputado Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo, urgió a frenar lo que calificó como “la sangría de jóvenes utilizados por la delincuencia”, señalando que las organizaciones criminales utilizan redes sociales y falsas ofertas de empleo para engañar a la juventud y convertirla en informantes, “halcones” o sicarios.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confió en que el tema se discuta y apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero, con una reforma que incluya tanto medidas preventivas como sanciones ejemplares contra los reclutadores.

La gravedad del problema quedó en evidencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, cuyo presunto responsable fue un joven de 17 años identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre las propuestas destaca la iniciativa del diputado panista Héctor Saúl Téllez, que plantea penas de 80 a 140 años de prisión para quienes utilicen, recluten, capten, obliguen o coaccionen a menores a participar directa o indirectamente en delitos o acciones armadas.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada, principalmente en estados como Veracruz, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.

La organización advirtió que México no cuenta con una política pública integral para prevenir este fenómeno, ni reconoce el reclutamiento de menores como un delito autónomo, lo que impide atender y reparar adecuadamente a las víctimas.

Nota referencia: Milenio.