El Congreso del Estado de Chihuahua remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para reducir de tres meses a solo 30 días el plazo máximo en el que las autoridades federales deben responder a las solicitudes presentadas por la ciudadanía.

Al presentar el planteamiento, la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Justicia, explicó que la propuesta contempla reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El objetivo central de la iniciativa es agilizar los trámites administrativos y judiciales, fortalecer el acceso efectivo a la justicia y asegurar que las resoluciones sean oportunas, claras y eficaces para las personas.

De acuerdo con lo expuesto, la propuesta surge ante los largos plazos de respuesta que actualmente pueden tener algunas dependencias federales, las cuales en muchos casos tardan hasta tres meses en contestar una solicitud, incluso en situaciones urgentes o cuando la vida de las personas puede estar en riesgo.

Esta práctica, conocida como “silencio administrativo”, contraviene el derecho constitucional de petición, ya que la falta de respuesta se considera legalmente como una negativa ficta, obligando a la ciudadanía a iniciar procesos legales para impugnarla.

La diputada señaló que la legislación actual no establece plazos claros y específicos, lo que permite interpretaciones discrecionales y genera incertidumbre jurídica tanto para las personas solicitantes como para las propias autoridades.

Con la reducción de los plazos, la reforma busca evitar retrasos injustificados, promover una actuación más eficiente de las autoridades federales y fortalecer derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a una buena administración pública, además de fomentar mayor transparencia y certeza en la actuación gubernamental.