La reforma, presentada por la diputada Irlanda Márquez, establece que todo menor víctima o testigo de violencia tiene derecho a recibir información honesta y comprensible sobre su situación, garantizando un entorno de contención emocional y evitando que las instituciones agraven su trauma mediante procesos burocráticos repetitivos.

La nueva normativa obliga a los funcionarios y cuidadores a utilizar un lenguaje adaptado a la edad de los menores para explicarles qué ha sucedido, qué medidas de protección se están tomando y cómo avanzan sus casos. Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el combate frontal a la revictimización institucional; ahora se restringen las diligencias o entrevistas innecesarias que obligan a los infantes a revivir hechos traumáticos una y otra vez, exigiendo en su lugar el acompañamiento permanente de especialistas en psicología durante cualquier intervención oficial.

Esta iniciativa, impulsada originalmente por el Grupo Parlamentario del PAN, busca que el sistema de justicia en Chihuahua sea más humano y sensible ante la vulnerabilidad de los más pequeños. Al incorporar el enfoque de contención emocional en la ley, el Poder Legislativo asegura que las autoridades no solo busquen la sanción del delito, sino que cuiden la integridad mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes involucrados, transformando las salas de justicia en espacios de verdadera protección y no de nuevas agresiones.