En medio de una intensa polémica mediática, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado rompió el silencio para fijar una postura contundente respecto a las recientes publicaciones que involucran al General de División retirado D.E.M. Ricardo Fernández Acosta, actual subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social. La autoridad estatal dejó en claro que, hasta este momento, no existe ningún señalamiento judicial, investigación formal o imputación penal en contra del funcionario.

La institución precisó que los datos difundidos sobre su presunta relación con la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., corresponden estrictamente a una relación de carácter mercantil que ocurrió de forma previa a su incorporación al sistema penitenciario de Chihuahua. Esta situación ya había sido explicada públicamente por el propio general, quien reveló que desde tiempo atrás buscó desvincularse de dicha compañía, un proceso legal que incluso le generó severas afectaciones patrimoniales y económicas.

Ante los cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo, la SSPE confirmó que Ricardo Fernández Acosta mantiene firmes sus actividades y el control dentro de la corporación. La prioridad actual de la secretaría es clara: garantizar y mantener la gobernabilidad absoluta y la disciplina dentro de los diversos Centros de Reinserción Social del Estado, un área crítica para la seguridad de la entidad.

Para desarmar las especulaciones de corrupción, la dependencia estatal enfatizó de forma tajante que la empresa "Mamba Negra" no ha tenido jamás contrato alguno, colaboración ni operaciones bajo el amparo o permiso del Gobierno del Estado, ni de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, se detalló que los señalamientos sobre sus declaraciones patrimoniales y asuntos administrativos corresponden a procedimientos que ya fueron debidamente atendidos y aclarados en su momento ante las instancias de fiscalización correspondientes.

Como prueba de la inactividad de la empresa mencionada, la SSPE reveló que tras diversas consultas formales realizadas ante la Secretaría de Hacienda, la moral en cuestión aparece formalmente como inactiva. Dichas revisiones financieras se ejecutaron detalladamente para revisar lapsos que abarcan los periodos de marzo de 2022 a marzo de 2026, así como de mayo de 2021 a mayo de 2025.

Con este posicionamiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso institucional con los principios de legalidad, transparencia y fortalecimiento de sus mandos. De igual forma, aseguró que mantendrá una política de comunicación responsable y oportuna hacia la ciudadanía frente a temas que impactan la estabilidad de los penales en el estado.