La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante, con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas que se encuentran en situación de movilidad, ya sea dentro de su propio país o al cruzar fronteras internacionales.

La migración, señalan organismos internacionales, es una expresión de la capacidad humana para enfrentar la adversidad y buscar una vida mejor. A nivel global, se estima que cerca de 300 millones de personas son migrantes, muchas de ellas provenientes de regiones con altos niveles de pobreza y desigualdad. En el caso de América Latina y el Caribe, millones de personas residen fuera de sus países de origen, siendo Estados Unidos uno de los principales destinos.

Entre las principales causas de la migración internacional se encuentran la búsqueda de empleo, mejores condiciones económicas y la falta de oportunidades en los países de origen. Además, diversas economías se benefician del trabajo de personas migrantes, lo que evidencia desigualdades estructurales y la necesidad de cooperación internacional. Factores como el envejecimiento de la población en algunos países también influyen en la demanda de mano de obra migrante.

Desde 2006, la ONU ha impulsado espacios de diálogo entre los Estados para analizar la migración y su impacto en el desarrollo. En 2016, con la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, los países reafirmaron su compromiso de proteger derechos, salvar vidas y compartir responsabilidades, incluyendo la prevención de la violencia, el acceso a la educación y el apoyo a los países que reciben grandes flujos migratorios.

En el caso de México, la Organización Internacional para las Migraciones reconoce que el corredor México–Estados Unidos es el más transitado del mundo, lo que convierte al país en origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Las cifras oficiales muestran un crecimiento acelerado de la migración irregular en los últimos años, así como un alto número de mexicanas y mexicanos retornados desde Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad encargada de coordinar la atención a personas migrantes, con el objetivo de garantizar procedimientos legales, ordenados y seguros, siempre con enfoque en derechos humanos. Entre sus principales programas destacan los Grupos Beta de Protección al Migrante y los Oficiales de Protección a la Infancia y Atención a Grupos Vulnerables, que brindan apoyo humanitario y orientación especializada.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reforzado su labor de supervisión y defensa de los derechos de las personas migrantes, emitiendo recomendaciones y acompañando caravanas. A partir de 2024, también tiene la responsabilidad de evaluar las condiciones de las estaciones migratorias, con el objetivo de impulsar un nuevo modelo que priorice la dignidad, la no criminalización de la migración y el respeto al debido proceso.

En un contexto internacional cada vez más restrictivo, especialmente tras cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, México enfrenta el reto de garantizar protección, justicia y atención humanitaria tanto a personas extranjeras en tránsito como a connacionales que retornan al país.