Dip. Manzanilla propone tipificar como delito el “fraude por colisión vehicular” o “monta choques”.

Con el objetivo de combatir el creciente fenómeno del “fraude por colisión vehicular” o “monta choques”, el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de tipificar esta conducta como delito y establecer sanciones específicas.

La propuesta plantea modificar el artículo 390 Ter del Código Penal Federal para definir como delito el provocar intencionalmente un accidente de tránsito con fines de extorsión o fraude, imponiendo una pena de 4 a 8 años de prisión y multas de 500 a mil UMAs.

Además, se busca agregar un artículo 69 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que autoridades de los tres niveles de gobierno implementen campañas de prevención, protocolos de atención y protección a víctimas, así como mecanismos para fomentar la denuncia segura.

La iniciativa considera agravantes que aumentarían la pena hasta en una mitad, como el uso de violencia física o moral, actuar en grupo, utilizar identidades falsas, o la participación de servidores públicos, quienes además serían inhabilitados por cinco años.

Manzanilla Téllez argumentó que esta modalidad delictiva ha crecido de forma alarmante, especialmente en entidades como el Estado de México, donde municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Naucalpan concentran el mayor número de casos. La entidad ocupa el segundo lugar nacional con 95 reportes en lo que va del año.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, entre 2020 y julio de 2023 se recibieron 67 reportes de este tipo, aunque se estima que la cifra real es mayor debido al temor de las víctimas a denunciar.

El legislador subrayó que la falta de un marco legal específico ha permitido que estos grupos operen con impunidad, afectando la movilidad y la seguridad vial. En este contexto, enfatizó la necesidad de legislar para sancionar eficazmente, proteger a los automovilistas y promover una cultura de prevención y justicia.