Una legisladora estatal ha levantado una seria acusación contra el gobierno municipal de Ciudad Juárez, afirmando que la administración está utilizando la recaudación fiscal con fines políticos.

La diputada Xóchitl Contreras afirmó que el trabajo del presidente municipal Cruz Pérez ha cruzado la línea de la legalidad al pretender usar el cobro del impuesto predial como un mecanismo de presión y represalia. Según la legisladora, los anuncios públicos sobre adeudos, embargos o remates, en específico el referente a un edificio del Partido Acción Nacional (PAN), son una reacción directa a las denuncias por nepotismo y corrupción que se han interpuesto contra su administración.

"El intento de embargar un edificio del PAN no es un tema administrativo, es una venganza política", sostuvo Contreras. La diputada argumentó que el alcalde no tiene facultad legal para decidir de manera discrecional a quién se le cobra el impuesto o para administrarlo como un favor personal, subrayando que la ley debe aplicarse por igual para todos los ciudadanos.

La legisladora planteó una serie de interrogantes sobre la posible selectividad en el cobro, cuestionando si existen descuentos o condonaciones no autorizadas para personas cercanas al poder municipal. "¿En Juárez la legalidad depende del apellido, la relación o la conveniencia política?", cuestionó.

Contreras también rechazó la propuesta del alcalde de someter a un plebiscito ciudadano la ejecución del cobro y un posible remate. Calificó la idea como carente de sustento legal y como una maniobra para confundir a la población, enfatizando que el cobro del predial es una obligación técnica y legal que corresponde a la Tesorería Municipal, no a consultas populares.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de seguir acompañando a los ciudadanos que busquen ampararse contra lo que considera un aumento desmedido del impuesto y de continuar denunciando prácticas que, a su juicio, representan un abuso de poder y un quebranto a la ley.