En una decisión unánime, la 68 Legislatura de Chihuahua aprobó reformas clave al Código Penal del Estado para que el delito de abuso sexual se persiga de oficio. Con esta modificación, las autoridades tienen la obligación de investigar y procesar estos casos de manera automática, eliminando la barrera de la denuncia formal que muchas veces frena la justicia debido al temor o la revictimización.

La diputada Jael Argüelles Díaz, presidenta de la Comisión de Feminicidios, presentó la iniciativa subrayando una realidad alarmante: en Chihuahua se registraron casi 2,000 carpetas de investigación por abuso sexual en el último año, superando la media nacional. La reforma ataca directamente el grave subregistro de delitos, reconociendo que el miedo y la desconfianza en las instituciones impiden que 9 de cada 10 mujeres denuncien agresiones sexuales en la región.

Uno de los avances más significativos de la reforma es la precisión del concepto de consentimiento. A partir de ahora, la ley establece de forma explícita que el consentimiento no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física. Si la voluntad de la persona está viciada o anulada, se considera abuso. Además, se incluyó la exhibición forzada del cuerpo como una modalidad de este delito, ampliando el espectro de protección para las víctimas.

Las nuevas disposiciones también endurecen las sanciones. Las penas se aumentarán hasta en una tercera parte cuando el abuso se cometa contra mujeres embarazadas, personas en puerperio, o por motivos de orientación sexual e identidad de género. Asimismo, se incorporaron medidas de reeducación obligatorias para los agresores, como talleres con perspectiva de género, buscando no solo el castigo, sino una transformación cultural que prevenga la repetición de estas conductas.

Finalmente, la reforma garantiza la reparación integral del daño, obligando al sentenciado a cumplir con las medidas previstas en la Ley General de Víctimas. Esta iniciativa, impulsada originalmente por el Grupo Parlamentario de MORENA y el Partido del Trabajo, representa un paso decisivo para reducir la impunidad en Chihuahua y asegurar que el sistema de justicia actúe con firmeza en defensa de la integridad y dignidad de todas las personas.