En un encuentro clave para la agenda de derechos humanos en México, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, recibió a Isabelle Mamadou, titular del Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU. El objetivo fue claro: evaluar los mecanismos de inclusión y combate al racismo tras las reformas históricas que finalmente han dado personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos afromexicanos.

Las senadoras Susana Harp (impulsora del reconocimiento constitucional) y Edith López Hernández destacaron que este sector ya no es solo una mención en papel, sino sujetos de derecho público. Desde la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos se informó que, desde 2025, se trabaja arduamente en una Ley General que armonice las leyes estatales para que los beneficios de la reforma lleguen directamente a la vida cotidiana de las comunidades, protegiendo su identidad y cultura.

Por su parte, la representante de la ONU, Isabelle Mamadou, aplaudió los esfuerzos legislativos de México y reiteró el compromiso internacional para orientar al Estado mexicano en la implementación de políticas públicas. La meta compartida es que el reconocimiento constitucional se traduzca en acciones concretas que eliminen la intolerancia y garanticen que la aportación histórica de los afrodescendientes sea valorada en toda la nación.