El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso aplazar la elección de jueces y magistrados hasta junio de 2028, con el argumento de evitar su vinculación con procesos electorales partidistas y fortalecer la independencia judicial.

El legislador planteó que la elección de personas juzgadoras no debe coincidir con los comicios para gubernaturas, alcaldías y diputaciones, a fin de impedir que las candidaturas judiciales sean asociadas a partidos políticos. Explicó que el cambio de fecha se incluiría dentro de la próxima reforma electoral que será presentada ante el Congreso en los próximos días.

Ramírez Cuéllar sostuvo que la reforma judicial marcó un cambio de paradigma al permitir el voto universal, libre y secreto para elegir jueces y magistrados; sin embargo, reconoció que su implementación ha enfrentado retos operativos y jurídicos que obligan a realizar ajustes tanto constitucionales como en leyes secundarias.

Entre las modificaciones propuestas destaca la reducción del número de candidaturas por cada cargo judicial, debido a las complicaciones logísticas que implican la organización de la elección, el conteo de votos y el tiempo que invierte la ciudadanía en cada proceso, lo que —advirtió— podría desalentar la participación.

También planteó la desaparición de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, tras señalar que en la pasada elección se evidenciaron dificultades en su organización y criterios para definir las listas de aspirantes.

El morenista propuso además fortalecer a la Escuela Nacional de Formación Judicial para que asuma la certificación de competencias de quienes aspiren a un cargo, con el fin de garantizar estándares profesionales y certeza jurídica, independientemente de quién resulte electo. Esto permitiría sustituir la revisión de calificaciones escolares como requisito de participación.

Finalmente, llamó a revisar el funcionamiento interno del Poder Judicial, incluida la operación de las salas en la Corte y la elección de las presidencias de los órganos jurisdiccionales, al considerar que el esquema actual es poco ágil y genera dudas sobre la estabilidad de criterios.