El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma al Código Penal del Estado para considerar como agravante del delito de abuso sexual y violación cuando estos sean cometidos por personas que, en el ejercicio de su profesión u oficio, se aprovechen de su posición como prestadores de servicios.

La reforma deriva del análisis de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y fue dictaminada por la Comisión de Justicia, a través de la diputada Irlanda Márquez Nolasco.

Durante la exposición, la legisladora explicó que, aunque el Código Penal ya contempla diversas agravantes para estos delitos, no se incluía de manera específica el supuesto en el que el agresor utilice su actividad profesional u oficio para facilitar o cometer la agresión sexual.

Con esta modificación, se adiciona la fracción VIII al artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, estableciendo que las penas por violación y abuso sexual se incrementarán en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien, desempeñando una profesión u oficio, se valga de los medios o circunstancias que dicha actividad le proporcione.

Márquez Nolasco señaló que la violencia sexual es una de las expresiones más graves de violencia, particularmente contra las mujeres, ya que atenta directamente contra la dignidad humana y la libertad sexual, y genera consecuencias que pueden ser profundas y de difícil reparación.

Asimismo, destacó que este tipo de conductas no solo afectan a la víctima de manera individual, sino que tienen un impacto social más amplio, al tratarse de delitos que vulneran derechos fundamentales y perpetúan condiciones de desigualdad y abuso de poder.

La reforma busca reforzar el marco legal para sancionar con mayor severidad a quienes, desde una posición de confianza profesional, cometan actos de abuso sexual o violación, contribuyendo así a una mayor protección de las personas y al acceso efectivo a la justicia.