La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido una sentencia ejemplar de 82 años y seis meses de prisión, además de una multa superior al millón de pesos, contra Alfonso Gabriel Miranda Gallegos. Las autoridades federales confirmaron que Miranda Gallegos, quien fue exalcalde y exdiputado local, operó como integrante de la estructura criminal conocida como “Los Rojos” y fue hallado culpable de un secuestro cometido en 2013 en Amacuzac, Morelos.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) informó que el fallo se dictó tras una exhaustiva valoración penal que acreditó la conducta ilícita del sentenciado. La acusación se sustentó en una sólida integración de pruebas documentales, testimoniales, informes periciales y análisis de comunicaciones.

Miranda Gallegos fue identificado como un miembro de la organización “Los Rojos”, dedicada al narcotráfico y a la privación ilegal de la libertad en diversos municipios de Morelos colindantes con Guerrero. Los registros ministeriales establecieron que sus vínculos con líderes delictivos datan al menos desde 2013.

El expediente judicial detalla que el secuestro por el que fue condenado ocurrió durante una tarde de junio de 2013 en Amacuzac. La víctima fue interceptada en este municipio y trasladada a una casa de seguridad donde permaneció bajo vigilancia armada. La liberación de la persona ocurrió gracias a una intervención discreta de las autoridades estatales.

Miranda Gallegos fue detenido en Morelos en 2018 mediante una orden judicial y posteriormente trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango.

El Ministerio Público Federal logró presentar pruebas irrefutables que confirmaron la participación directa del exfuncionario en el secuestro. La sentencia no solo impuso la pena de prisión y la multa millonaria, sino que también incluyó medidas accesorias y lineamientos penitenciarios.

La FGR y la FEMDO sostuvieron que esta resolución constituye un avance significativo en el combate a delitos de alto impacto en Morelos y representa el resultado de un proceso judicial desarrollado con coordinación institucional desde la aprehensión del acusado en 2018.

Nota referencia: FGR.