La legisladora recordó que el Proyecto Centinela es considerado el eje central de la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado y que ha recibido recursos públicos por aproximadamente 4 mil 800 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de los proyectos más costosos en esta materia en la historia de Chihuahua.

Pérez Reyes señaló que, a un año y ocho meses de que concluya la actual administración estatal, los resultados anunciados no se reflejan en la realidad, particularmente en regiones con altos índices de vulnerabilidad como Guadalupe y Calvo. Asimismo, advirtió que el proyecto se ha caracterizado por una falta de transparencia en la información relacionada con su ejecución y resultados.

La diputada explicó que el Gobierno del Estado ha sostenido públicamente que el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo se ha negado a colaborar para la instalación de un subcentro en la cabecera municipal, responsabilizando a la presidenta municipal, Ana Laura González Ábrego. Sin embargo, precisó que la negativa se limita únicamente al uso del antiguo Centro de Reinserción Social (CERESO), debido a su valor como patrimonio cultural e histórico.

En contraste, indicó que el municipio ha presentado seis alternativas viables para la instalación del subcentro, consistentes en tres terrenos y tres inmuebles con posibilidad de renta, construcción o remodelación, incluso asumiendo costos para facilitar la operación del proyecto. A pesar de ello, afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha considerado dichas propuestas.

Ante este escenario, la legisladora solicitó formalmente a la dependencia estatal que informe las razones para insistir en el uso del antiguo CERESO, los motivos del retraso en la definición y construcción del subcentro, el estado actual de los subcentros del Proyecto Centinela en operación, así como aquellos que aún no han sido edificados y las causas de dichos retrasos.

Finalmente, María Antonieta Pérez Reyes reiteró su llamado a la transparencia, al respeto del patrimonio cultural de las comunidades y al uso adecuado de los recursos públicos destinados a la seguridad.