La legisladora de Morena señaló que la falta de firma de dicho convenio ha generado un esquema de cobertura "fragmentado y desigual" en la entidad. Mientras que en 24 estados del país el apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales llega a personas de 0 a 64 años, en Chihuahua el acceso permanece restringido mayoritariamente al rango de 0 a 29 años, dejando fuera a miles de adultos con discapacidad permanente.

Durante su exposición en el pleno, Guzmán Argueta destacó que la Secretaría de Bienestar Federal iniciará un nuevo proceso de registro del 23 al 29 de marzo de 2026. Sin embargo, advirtió que sin la voluntad administrativa del Gobierno del Estado para aportar la parte proporcional del recurso, el derecho a la pensión universal seguirá siendo inalcanzable para un sector vulnerable de la población chihuahuense.

La diputada también puso bajo la lupa las reglas de operación de los programas estatales actuales (como el 1S047A1), criticando que el monto de los apoyos locales no sea uniforme ni esté garantizado, al depender de estudios socioeconómicos. Según la legisladora, esta discrecionalidad administrativa contraviene los principios de seguridad jurídica y progresividad de los derechos humanos.

El exhorto fue respaldado por diversas organizaciones civiles presentes en el recinto, quienes hicieron eco de la necesidad de armonizar los esfuerzos estatales y federales. Con esta aprobación, el Legislativo envía una señal clara al Ejecutivo para que revise su estrategia de apoyos y asegure la suficiencia presupuestal que permita a Chihuahua sumarse a la estrategia nacional de bienestar sin exclusiones.