En un movimiento que busca romper con décadas de herencia política y privilegios familiares, la diputada Magdalena Rentería Pérez presentó una iniciativa de decreto para erradicar el nepotismo en los sistemas DIF Estatal y municipales de Chihuahua. La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena denunció un vacío normativo histórico que ha permitido que estos organismos, diseñados para la asistencia social, funcionen bajo una estructura de "favoritismo familiar". La propuesta busca reformar la Ley de Asistencia Social Pública y Privada, la Ley de Entidades Paraestatales y el Código Municipal para asegurar que las titularidades de estos organismos dejen de ser ocupadas por cónyuges, parejas o familiares directos de quienes ostentan el poder ejecutivo.

Rentería Pérez fue tajante al señalar que la costumbre de nombrar a esposas o parientes en el DIF nació de una época marcada por el machismo y la hegemonía de un partido único, una práctica que en nada ha abonado a la eficiencia de la asistencia social en el estado. La iniciativa pretende que los titulares de gobierno cumplan con principios estrictos de integridad administrativa, prohibiendo explícitamente cualquier vínculo de parentesco, matrimonio, concubinato o unión de hecho hasta el segundo grado con el titular del Poder Ejecutivo. Esto incluye también la prohibición de crear "cargos honorarios" que, bajo el disfraz de la buena voluntad, impliquen el manejo de recursos públicos o toma de decisiones sin un fundamento legal real.

El proyecto se alinea con la postura nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar el nepotismo en todas las instituciones públicas. Según la congresista, es momento de que el DIF estatal y los municipales se profesionalicen al máximo, garantizando que quienes dirijan estas instituciones lo hagan por su capacidad técnica y compromiso social, y no por su apellido o relación sentimental. Con esta reforma, Chihuahua podría dar un paso histórico hacia una administración pública más transparente, donde las políticas de apoyo a los sectores más vulnerables dejen de ser vistas como una extensión del patrimonio familiar del gobernante en turno.