La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando a más de 2,300 funcionarios de su propia institución por presunta responsabilidad en diversos delitos que van desde permitir fugas de delincuentes, abuso de autoridad y tortura, hasta alteraciones en dictámenes periciales.

Según documentos en poder de El Sol de México, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR ha tramitado mil 476 vistas penales entre 2019 y mayo de 2025, involucrando a 2 mil 378 servidores públicos. Entre los investigados se encuentran agentes del ministerio público, policías federales ministeriales, fiscales en jefe, delegados, peritos y personal administrativo.

Una "vista" se genera cuando, en procesos de fiscalización, se detectan irregularidades (acciones u omisiones) que pueden derivar en responsabilidad administrativa o penal. Si la falta es grave, la sanción podría ser la destitución. Sin embargo, la FGR no ha hecho públicos los registros de sanciones impuestas a raíz de estas vistas.

En los primeros dos meses de 2025, a pesar de generarse 61 vistas penales, únicamente 10 carpetas de investigación han sido judicializadas. Las deficiencias en las investigaciones son una de las principales críticas al sistema judicial mexicano, ya que la procuración de justicia (competencia de fiscalías y ministerios públicos) no fue modificada en la reforma del Poder Judicial de la Federación de octubre de 2024.

Owen Landeros, abogado penalista, calificó estas faltas como una práctica "no me gustaría decir común, pero sí constante", atribuyéndolas en parte a la debilidad del sistema de justicia penal actual. Sugiere que se debería trabajar en disminuir las facultades del Ministerio Público y buscar mecanismos más eficaces para asegurar su correcto desempeño y evitar arbitrariedades.

La falta penal más común que ha motivado estas investigaciones es la omisión de prácticas de diligencias necesarias, es decir, cuando un ministerio público no realiza las actuaciones indispensables para esclarecer un delito. Landeros enfatizó que esta falta de profesionalismo y respeto al Código Nacional de Procedimientos Penales afecta la calidad de la justicia, impactando tanto a las víctimas como a las personas investigadas.

Yadira García, del Observatorio de la Justicia del Tec de Monterrey, considera que la procuración de justicia en México aún presenta "muchas áreas de oportunidad" y que la lucha contra la corrupción es uno de los pendientes clave que se ha intentado abordar.

Nota referencia: El Sol de Mexico.