Un contundente e implacable golpe a las estructuras del crimen organizado fue asestado en el sur del país tras un minucioso trabajo de inteligencia interinstitucional. La Fiscalía General de la República (FGR), en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, logró el desmantelamiento de un centro de operaciones criminales en el estado de Chiapas, donde se ejecutó un aseguramiento masivo de armas de fuego de grueso calibre, artefactos explosivos y cientos de paquetes de droga de alta pureza.

La cacería contra las células delictivas derivó de intensas labores de investigación de campo y gabinete, reforzadas por el intercambio estratégico de información entre corporaciones federales y estatales destinadas a combatir los delitos contra la salud y las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Gracias a este despliegue, las autoridades detectaron un predio ubicado en el municipio de Tapachula, el cual era utilizado de forma sistemática para la comisión de actos ilícitos de alto impacto.

El operativo de asalto se concentró de manera enérgica en las inmediaciones de un inmueble localizado sobre la carretera ruta 200, específicamente en el tramo Tapachula-Arriaga. En ese punto neurálgico, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, cobijados por un estricto blindaje operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), sitiaron la zona para dar cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por un juez federal a solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Al interior del búnker criminal, los agentes federales lograron incautar un arsenal de guerra compuesto por aproximadamente 147 armas de fuego cortas, cuatro armas largas, múltiples cargadores y 18 granadas de fragmentación listas para su uso. De igual forma, la inspección técnica arrojó el decomiso de alrededor de 687 paquetes rectangulares confeccionados en plásticos de diversos colores, los cuales contenían un polvo blanco con todas las características químicas de la cocaína.

La ofensiva institucional no se limitó al armamento y los estupefacientes; las fuerzas federales también aplicaron la extinción y aseguramiento sobre 26 vehículos de diferentes modelos, una máquina tipo perforadora y diversos objetos vinculados directamente con las actividades delictivas. Todo el material decomisado y el inmueble fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, donde peritos especializados dictaminarán los pesajes, características y la composición exacta del cargamento para robustecer la carpeta de investigación en este 2026.

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