Una descomunal carga administrativa y un severo riesgo de desprestigio institucional se perfilan sobre el árbitro electoral de aprobarse la iniciativa presidencial para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este nuevo mecanismo, propuesto por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, busca blindar las elecciones de 2027 obligando al Instituto Nacional Electoral (INE) a procesar y revisar un universo potencial superior a los 20 mil perfiles de aspirantes federales y locales para detectar posibles nexos con la delincuencia organizada.

Sin embargo, voces expertas en la materia advierten que el diseño de esta reforma contiene vacíos legales y operativos que podrían convertir al INE en un blanco de linchamiento político. En entrevista, el exconsejero electoral Marco Antonio Baños aclaró que el instituto carece de facultades ministeriales para realizar investigaciones de fondo, por lo que su papel se limitaría a recibir las listas de los partidos y canalizarlas a las dependencias de seguridad pública y procuración de justicia federal.

El especialista sentenció que sería descabellado culpar penal o públicamente a la autoridad electoral si las dependencias federales fallan en sus reportes de inteligencia y se cuelan perfiles criminales a los cargos populares, poniendo como ejemplo el escandaloso caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien hoy es formalmente requerido para su extradición por los Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Además del riesgo reputacional, el organismo arrastra un histórico déficit en su capacidad operativa provocado por los asfixiantes tijerazos presupuestales aplicados por el Congreso de la Unión, que tan solo en 2025 le arrebató 13 mil 476 millones de pesos de lo solicitado. Los antecedentes demuestran las limitaciones del árbitro: durante el proceso de 2021, bajo el mecanismo "3de3" contra la violencia de género, el instituto solo tuvo la capacidad de revisar una muestra de mil 177 expedientes de un universo total de casi 7 mil registros federales.

Para empeorar el panorama, la burocracia interna de la Federación ha jugado en contra de la fiscalización electoral. La consejera Carla Humphrey reveló que durante los procesos de 2024 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sistemáticamente las solicitudes del INE sobre operaciones bancarias inusuales de candidatos; de 14 requerimientos urgentes formulados por el instituto para rastrear dinero sucio, la UIF rebotó 13 de ellos exigiendo mayores justificaciones técnicas, demostrando la falta de dientes y de colaboración real para frenar la narcopolítica.

Nota referencia: 24 Horas.