En una sesión de alta tensión política, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con una abrumadora mayoría calificada de 341 votos a favor y 124 en contra, el dictamen de reforma constitucional que da un giro radical al calendario electoral de México, al aplazar de manera oficial la histórica elección judicial programada para 2027 hasta el primer domingo de junio de 2028. Esta polémica modificación, derivada de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y bancadas de Morena, el PAN y MC, busca evitar un inminente colapso logístico y presupuestal advertido por las autoridades electorales.

El documento avalado altera de golpe las reglas del juego y establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reducirá de once a nueve integrantes, funcionando en Pleno y en dos secciones especializadas. Asimismo, se ordena que todas las vacantes de magistrados de Circuito y jueces de Distrito que no se renovaron en 2025 se elijan sin excepción alguna en los comicios de 2028, forzando a los juzgadores actuales cuyo encargo concluía en 2027 a permanecer en sus funciones un año más para garantizar la transición.

La reforma blinda el proceso de selección de los aspirantes mediante la creación de Comités de Evaluación por cada Poder de la Unión, conformados por cinco juristas de renombre que integrarán una Comisión Coordinadora nacional. Este súper órgano aplicará exámenes de conocimientos homologados y depurará los listados mediante una insaculación pública para dejar sólo a dos candidatos por cargo, vigilando con lupa la paridad de género antes de que cada Poder formule sus propuestas finales.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral enfrentará el colosal reto de rediseñar la geografía electoral del país, dividiendo cada circuito judicial en los distritos necesarios para que los ciudadanos voten por una sola candidatura por especialidad mediante boletas específicas que distinguirán claramente al Poder postulante y el género. Para evitar la contaminación política del proceso, las casillas se instalarán en las mismas ubicaciones de las elecciones ordinarias, pero se prohibirá estrictamente la presencia o intervención de representantes de partidos políticos durante la jornada.

La razón detrás de este histórico freno de mano legislativo radica en las graves alertas emitidas por el INE, que identificó severas complejidades operativas, tecnológicas y presupuestales, debido a que en 2027 coincidirían la renovación de 500 diputados federales, 17 gubernaturas, Congresos locales en 31 estados y cientos de alcaldías, con la elección de miles de jueces y magistrados. Tras declararse la aprobación en lo general, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decretó un receso para reanudar este miércoles con el desglose y debate en lo particular del polémico decreto.