En una jornada marcada por intensos debates, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen del llamado “Plan B” electoral. Con 24 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 11 de la oposición, la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum se perfila para reconfigurar la estructura municipal, el gasto legislativo y las remuneraciones de los órganos electorales en todo el país.

1. El nuevo calendario de la Revocación

La reforma al artículo 35 constitucional establece que la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo Federal podrá solicitarse una sola vez. El proceso se activaría tras concluir el segundo o tercer año de gobierno, realizándose la votación el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo. Un punto polémico es que se permitirá a la persona sujeta a revocación difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque se prohíbe el uso de tiempos oficiales y propaganda pagada.

2. Tijerazo a municipios y congresos locales

La modificación al artículo 115 impone un límite drástico a los ayuntamientos: máximo una sindicatura y hasta 15 regidurías, integradas bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva. Por otro lado, la reforma al artículo 116 pone un tope al presupuesto de los congresos estatales, el cual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de cada entidad, buscando liberar recursos para infraestructura y programas sociales.

3. Fin de la "burocracia dorada" en el INE

Finalmente, el artículo 134 prohíbe explícitamente que consejeros y magistrados electorales perciban un salario mayor al de la Presidenta de la República. Además, se elimina la contratación con recursos públicos de seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida privados, cajas de ahorro especiales y regímenes de retiro que no estén contemplados estrictamente en la ley general de trabajo.

Posturas encontradas

Mientras la senadora Guadalupe Chavira (Morena) defendió la reforma como un acto de humildad democrática, la oposición lanzó duras críticas. Ricardo Anaya (PAN) calificó la iniciativa como "pobre" y llena de errores técnicos, mientras que Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) acusó que la reforma vulnera el federalismo al imponer reglas desde el centro a los municipios y advirtió que las restricciones de propaganda podrían ser una simulación al no incluir las conferencias mañaneras.