El Estado mexicano está en un proceso de reconfiguración profunda tras las recientes reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de Morena, las cuales han modificado la estructura de los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos cambios, iniciados en los últimos días del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuados por la presidenta Claudia Sheinbaum, han redefinido el panorama político del país.

La reforma más notable es la del Poder Judicial, que entró en vigor con la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular. Esta medida también incluyó la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y su implementación ha generado descontento en diversos sectores, quienes han señalado el proceso de elección como "amañado" y han cuestionado la idoneidad de algunos perfiles.

Además de la reforma judicial, se ha fortalecido el Poder Ejecutivo con la desaparición de siete organismos autónomos, la mayoría enfocados en el sector económico, cuyas funciones fueron absorbidas por secretarías de Estado. Otras reformas importantes incluyen:

• Energética: Devolvió a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su categoría de empresas públicas.
• Ferroviaria: Otorgó al gobierno la facultad de operar trenes de pasajeros.
• Telecomunicaciones: Permite al gobierno regular el sector.

Para consolidar su agenda legislativa, la presidenta Sheinbaum ha encargado a una Comisión Presidencial la elaboración de una reforma electoral. Aunque los detalles están en desarrollo, los temas recurrentes son la modificación del método de selección de legisladores plurinominales, la posible desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLES) para centralizar todas las elecciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), la reducción del financiamiento a partidos políticos y cambios en el modelo de comunicación política.

Estas reformas constitucionales requieren que los estados se adapten a las nuevas normativas, lo que ya ha llevado a la celebración de elecciones para los poderes judiciales locales y a la eliminación de al menos 10 institutos locales de transparencia.

 Nota referencia: Indigo.