En una de las ofensivas más contundentes y masivas de las que se tenga registro contra la delincuencia de cuello blanco, la Fiscalía General de la República desmanteló por completo la poderosa y estructurada organización delictiva autodenominada "Del Caballito", una red criminal interestatal que se dedicaba al lavado de dinero a gran escala y al millonario negocio de la falsificación de facturas.

Las investigaciones de inteligencia financiera e informática forense destaparon un sofisticado esquema de corrupción operado por personas físicas que, a través de sus propios despachos, diseñaban y comercializaban mecanismos criminales de evasión fiscal, inyectando flujos de dinero en empresas fachada para reducir artificialmente la carga impositiva y saquear de forma sistemática a la Hacienda Pública.

Para frenar esta sangría financiera, el Estado mexicano activó un ejército de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia que ejecutaron de manera simultánea 30 cateos en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila, sorprendiendo a la organización criminal mediante una planeación logística estructurada por bloques.

El demoledor golpe táctico permitió la captura de los presuntos cabecillas de la red, identificados como Maikol "N" y Salvador "N", junto a sus principales operadores Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", quienes ya se encuentran tras las rejas enfrentando cargos criminales graves por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el despliegue de las fuerzas federales, se logró asegurar 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas y un jugoso botín en efectivo que los delincuentes ocultaban en diversas divisas extranjeras, incluyendo un millón 90 mil 550 pesos mexicanos, 17 mil 945 dólares americanos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, mil 570 euros, además de soles y coronas danesas.

La desarticulación de esta mafia, que operaba mediante 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas con domicilios en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, representa un logro sin precedentes de la Agencia de Investigación Criminal, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, reafirmando el compromiso absoluto de no dar tregua a quienes ponen en riesgo los recursos del pueblo de México.