La diputada Verónica Martínez García del PRI ha lanzado una propuesta contundente para reformar la Ley General de Salud y garantizar que toda mujer embarazada cuente con el apoyo de una persona de su confianza.

Esta iniciativa surge como una respuesta urgente ante las estadísticas que revelan que más del treinta por ciento de las mexicanas han sido víctimas de violencia obstétrica durante el nacimiento de sus hijos.

La realidad en las salas de maternidad de México ha sido marcada por un silencio doloroso que esta nueva ley pretende romper al permitir que las mujeres no enfrenten solas el momento más crítico de sus vidas.

La propuesta detalla que el acompañamiento debe ser un derecho respetado incluso en procedimientos de cesárea siempre que las condiciones médicas lo permitan para evitar que el personal de salud cometa actos de discriminación o trato deshumanizado.

Resulta alarmante que casi cuatro de cada diez partos en hospitales públicos presenten algún tipo de violencia psicológica o física lo que convierte a esta reforma en un escudo necesario para las madres de comunidades rurales e indígenas quienes son las más vulnerables.

Al introducir la figura del acompañante se busca crear un entorno de vigilancia natural donde la presencia de un tercero inhiba el lenguaje ofensivo y garantice que la información sobre el proceso sea oportuna y clara para la paciente.

Esta lucha por la dignidad materna no busca solamente castigar a los malos elementos del sistema de salud sino generar una cultura de respeto total donde el nacimiento deje de ser una experiencia traumática y se convierta en un derecho humano protegido por el estado.