La propuesta, enviada a la Cámara de Diputados, obliga a capacitar al personal migratorio con perspectiva de género y mandata a la SEP a detectar redes de captación dentro de los planteles educativos.

Con 110 votos a favor, el Senado de la República dio luz verde a un paquete de reformas que modifica la Ley General de Educación, la Ley de Migración y la Ley General contra la Trata. El proyecto busca cerrar los espacios de operación a las redes criminales mediante una vigilancia estrecha en terminales de autobuses, aeropuertos y cruces fronterizos, además de realizar inspecciones rigurosas en giros comerciales como agencias de modelaje, salas de masaje, bares y hoteles. 

La senadora Lilia Margarita Valdez destacó que fortalecer el marco normativo es un imperativo ético para dejar de ignorar un delito que afecta mayoritariamente a mujeres y menores de edad. Por su parte, el senador chihuahuense Juan Carlos Loera subrayó que la reforma articula tres ejes fundamentales: la educación como barrera preventiva, la coordinación entre instituciones para el combate directo y la protección efectiva de las personas migrantes que transitan por el país. 

Las nuevas disposiciones también facultan a la Secretaría de las Mujeres para asesorar a las autoridades migratorias y ordenan a la Secretaría del Bienestar diseñar modelos que ataquen las causas estructurales de la explotación, buscando así una respuesta integral del Estado ante una de las problemáticas más dolorosas de la actualidad.