El negocio de las drogas sintéticas atribuido a la facción de Los Chapitos no se sostuvo únicamente en el apellido Guzmán. Para producir fentanilo y metanfetamina, así como para introducir sus ganancias en actividades legales, los hijos de Joaquín Guzmán Loera se apoyaron en una amplia red de familias sinaloenses que operaron como proveedoras de insumos químicos y como estructuras de lavado de dinero.

De acuerdo con información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2012 y 2025 se sancionó a 59 personas físicas y 37 empresas relacionadas con esta facción del Cártel de Sinaloa, en acciones que en distintos momentos se coordinaron con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México.

Las investigaciones identificaron un entramado empresarial que abarcó desarrollos inmobiliarios, constructoras, hoteles, actividades agrícolas, plataformas vinculadas a criptomonedas, firmas químico-farmacéuticas, gasolineras y comercios minoristas, distribuidos en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California. A través del rastreo en registros públicos y bases de datos oficiales, se detectaron además otras 35 empresas relacionadas con la red, aunque no todas han sido sancionadas formalmente.

Pese a los señalamientos, sólo seis compañías fueron disueltas de manera oficial. Otras cerraron establecimientos, modificaron su razón social o trasladaron su domicilio. Al menos 10 empresas y personas físicas obtuvieron permisos oficiales para desarrollar torres de condominios, fraccionamientos y plazas comerciales en distintas ciudades del noroeste del país. Asimismo, al menos 16 compañías boletinadas figuraron como proveedoras de gobiernos estatales y del gobierno federal, además de recibir apoyos productivos.

Cada familia desempeñó un rol específico dentro de la estructura. Algunas facilitaron precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas; otras actuaron como intermediarias para el traslado de recursos desde Estados Unidos hacia México, mientras que un tercer grupo invirtió en proyectos inmobiliarios de alto valor con el objetivo de convertir dinero ilícito en capital aparentemente legal.

Uno de los casos documentados es el de la familia Núñez, vinculada con desarrollos inmobiliarios en Mazatlán, Sinaloa. Registros públicos indican que desde 2020 consolidaron empresas en sectores como bienes raíces, educación, publicidad y comercio. Tras señalamientos públicos en 2024 y, posteriormente, una acusación formal de la OFAC en junio de 2025, los integrantes de la familia se retiraron de varias compañías y cedieron acciones de manera gratuita.

Otro esquema identificado fue el de los hermanos Marín González, acusados de operar un mecanismo de lavado conocido como Black Market Peso Exchange. Según las autoridades, recibían dólares en efectivo en Estados Unidos por la venta de droga, adquirían mercancía electrónica y la comercializaban en México a través de tiendas, entregando posteriormente el dinero a los traficantes. Tras ser sancionados en 2024, algunos de sus negocios cambiaron de nombre e imagen, pero continuaron operando.

La familia Zamudio Lerma fue señalada como proveedora de precursores químicos utilizados en superlaboratorios de drogas sintéticas. Sus empresas, constituidas desde la década de 1990, abarcaron sectores como construcción, autopartes y gasolineras, algunas de las cuales incluso suministraron combustible a dependencias gubernamentales. Tras las sanciones, varios integrantes promovieron recursos legales para frenar el congelamiento de cuentas.

Finalmente, los hermanos Favela fueron identificados como abastecedores de materiales químicos tanto a instituciones públicas como a laboratorios de Los Chapitos. En 2025, la OFAC sancionó a los integrantes de la familia y a una docena de sus empresas, señalando que, pese a cambios administrativos y de imagen, la red empresarial continuó operando.

Las autoridades estadounidenses sostienen que este entramado financiero fue clave para sostener la producción de drogas sintéticas y ocultar sus ganancias, al tiempo que permitió a las organizaciones criminales infiltrarse en sectores económicos y contratos públicos.

Nota referencia: El Universal.