Un contundente e implacable golpe contra las estructuras logísticas del narcotráfico fue asestado por las fuerzas federales de seguridad al desarticular una célula delictiva con presencia en múltiples entidades del país. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso en contra de cinco personas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, con la finalidad específica de cometer delitos contra la salud.

La caída de estos presuntos criminales se consolidó una vez que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) expuso datos de prueba contundentes ante la autoridad judicial. Ante la peligrosidad de los imputados, el juez de la causa dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo estricto de 15 días para el desarrollo de la investigación complementaria.

Los ahora detenidos fueron identificados como Irving "N", Pablo "N", Horacio "N", Agustín "N" y Jonathan "N". Su captura fue el resultado de una cacería coordinada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutada de manera enérgica por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), contando con el respaldo de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El brazo de la justicia federal se desplegó mediante la ejecución simultánea de órdenes de cateo en seis domicilios estratégicos ubicados en los municipios de Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, en el estado de Morelos. De acuerdo con las investigaciones de la FGR, las células de inteligencia lograron detectar la presencia activa de este grupo delictivo en por lo menos ocho municipios de Morelos, incluyendo las regiones de Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, lo que detonó el operativo de asalto.

De acuerdo con las leyes vigentes, a las personas mencionadas en este proceso se les presume inocentes mientras la autoridad judicial competente no emita una sentencia condenatoria formal en su contra. Con este golpe estratégico, el Gobierno Federal busca debilitar el flujo logístico de las bandas criminales y blindar la seguridad de los ciudadanos en la zona centro del territorio nacional durante este 2026.