La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), avaló con 36 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones, la opinión de impacto presupuestario de una de las iniciativas clave de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La conclusión principal del dictamen, respaldada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), es que la nueva legislación no generará un impacto presupuestal para el erario federal. Esta determinación se basa en que la política pública se enfocará en la coordinación y cooperación entre las instituciones de seguridad existentes, sin requerir la creación de una nueva estructura orgánica o más recursos humanos y materiales para su implementación.

Esta Ley General, que reglamenta la reciente reforma al artículo 73 de la Constitución (publicada el 9 de octubre de 2025), busca establecer un tipo penal único y homologar sanciones a nivel nacional para un delito cuya incidencia preocupa a los legisladores.

Durante el debate, legisladores de distintas bancadas expresaron coincidencias sobre la urgencia de legislar el tema. El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró que la aprobación se justifica porque las nuevas funciones serán absorbidas por las unidades responsables ya existentes.

Por su parte, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, señaló que la reforma atiende un asunto prioritario, dado que el delito de extorsión se ha disparado en un 75 por ciento en los últimos años. Sin embargo, consideró que la opinión del CEFP “se queda corta” al omitir un estudio sobre la coordinación tripartita que requiere homologar los códigos penales con los municipios.

En tanto, la diputada del PRI, Nadia Navarro Acevedo, aseguró que su grupo comparte la urgencia de legislar el tema, pero solicitó un análisis más profundo y con mayor tiempo, razón por la cual su bancada votó en abstención.

La diputada Gómez Pozos informó que, tras la aprobación, la opinión se remitirá a la Comisión de Justicia para continuar con el trámite legislativo de la iniciativa.