Un contundente e implacable freno a los canales de concertación política del país se ejecutó de manera dramática en la capital de la República. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó la determinación oficial de suspender de forma inmediata la mesa de justicia que mantenía instalada en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), esto luego de denunciar públicamente una embestida sumamente violenta en contra de docentes que sostenían un bloqueo carretero estratégico en la Villa de Mitla, Oaxaca.

La cacería contra el movimiento magisterial fue expuesta mediante un enérgico posicionamiento político realizado a las afueras de la dependencia federal. La dirigencia magisterial acusó de forma directa que un grupo de sujetos armados irrumpió con total impunidad en el punto geográfico donde se encontraban movilizados sus compañeros, abriendo fuego y realizando múltiples disparos en un intento de desalojo violento e ilegal.

Ante estos preocupantes hechos de sangre, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez Martínez, sentenció y responsabilizó directamente al presidente municipal de Villa de Mitla, Esaú López Quero, así como al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al secretario de Gobierno, Jesús Romero, por cualquier agresión física o atentado que sufran los docentes en la región. Al grito de "¡Solución, solución, no queremos represión!", la líder sindical decretó la interrupción de las pláticas con la federación ante el escenario de violencia activa.

El conflicto sobre la cinta asfáltica detonó cuando, de acuerdo con los reportes de los propios docentes, el alcalde de Mitla arribó al bloqueo rumbo a la localidad con lujo de violencia para exigir el retiro inmediato de la protesta. Al toparse con la negativa de los maestros, comenzaron las agresiones físicas y las detonaciones de armas de fuego, dejando un saldo preliminar de profesores brutalmente golpeados y retenidos, aunque el comité magisterial no ha precisado el número exacto de afectados. La dirigencia defendió que en sus dos o tres días de movilizaciones pacíficas regionales y estatales jamás han agredido a ciudadanos ni a elementos policiales.

Finalmente, las autoridades de la CNTE aclararon que el diálogo con los funcionarios federales de la Segob no quedó roto de manera definitiva, sino bajo un estatus de "receso" obligado mientras se atiende la situación de emergencia y seguridad en Oaxaca. Esta mesa de justicia, que ahora se encuentra congelada, involucra la revisión exhaustiva de más de 200 casos de maestros que han sido víctimas directas e indirectas durante las intensas jornadas de protesta del movimiento en los últimos años, un expediente crítico que en este 2026 vuelve a teñirse de violencia extrema.

Nota referencias: Excelsior.