Ante un delito que golpea directamente a la sociedad, no habrá tolerancia ni espacio para la impunidad, advirtió la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, al encabezar el Encuentro Nacional de Procuradurías y Fiscalías Estatales en materia de Extorsión, realizado como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Durante su mensaje, Godoy Ramos fue enfática al señalar que cada acto de extorsión debe ser atendido con firmeza, profesionalismo y una respuesta contundente, para dejar claro que el Estado mexicano está organizado, coordinado y decidido a combatir este delito.

“El combate a la extorsión exige dejar atrás los esfuerzos aislados y construir una respuesta de Estado, sólida y permanente”, subrayó la Fiscal General, al destacar que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales reduce los espacios a la delincuencia y devuelve la tranquilidad a la ciudadanía.

El encuentro se llevó a cabo en el Parque Nacional de Justicia, en la Ciudad de México, con la participación de titulares de fiscalías estatales encargadas de investigar los delitos de extorsión y secuestro, así como representantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, entre ellos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En el foro se compartieron experiencias, se identificaron problemáticas comunes y se plantearon líneas de acción y mecanismos de coordinación directa con instancias federales, con el objetivo de fortalecer el combate a este ilícito.

Godoy Ramos recordó que durante el último año se avanzó en la construcción de un andamiaje constitucional y legal más robusto, que permitirá mejores resultados en la lucha contra la delincuencia organizada.

Por su parte, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó los alcances del sistema de denuncia anónima 089, el cual ha permitido atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y reducir la incidencia delictiva.

Autoridades federales coincidieron en que la coordinación institucional es clave para cerrar el paso a la extorsión y fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones de justicia.