México importa actualmente cerca del 80 por ciento del amoníaco que consume, dentro de una demanda nacional de fertilizantes que ronda entre los 4.5 y los 5 millones de toneladas anuales. Ante este escenario, la inversión para la construcción de la planta de amoníaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, permitirá abastecer el mercado interno con producción local de amoníaco y urea, disminuyendo la dependencia de las importaciones extranjeras en más de un 70 por ciento y abaratando los costos para los productores agrícolas sinaloenses y del resto del país.

El desarrollo del proyecto petroquímico detonará una importante derrama económica en la región mediante la generación de aproximadamente 10 mil empleos directos e indirectos. De acuerdo con las proyecciones de la compañía, se crearán 3 mil plazas directas durante la etapa de construcción, 7 mil puestos indirectos en las cadenas de proveedores, transportistas y comercios locales, así como 300 empleos fijos especializados de carácter permanente, en los cuales se dará prioridad de contratación a los habitantes de Topolobampo y Los Mochis.

De forma paralela a las obras industriales, GPO ha ejercido una inversión social que supera los 35 millones de pesos a lo largo de una década, enfocada en el mejoramiento de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo. Los recursos se han destinado a infraestructura, salud y educación, destacando las obras de rehabilitación en la preparatoria CetMar número 13 y en la Escuela Jaime Nuñó, las cuales han beneficiado de manera directa a mil 100 estudiantes de la zona costera.

Asimismo, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), la empresa impulsó programas de formación técnica y autoempleo que han alcanzado a 3 mil 745 personas, con una participación mayoritaria de mujeres del municipio de Ahome. Los directivos de la firma confirmaron que los programas de apoyo social e inversión comunitaria se mantendrán vigentes durante lo que resta del año y de cara al 2027, bajo un esquema de supervisión conjunta entre los comités vecinales y las autoridades gubernamentales.