El Congreso de Chihuahua ha dado un paso trascendental en política penitenciaria al aprobar la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, una iniciativa presentada por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuyo objetivo principal es humanizar el sistema de justicia y favorecer la reinserción social de grupos vulnerables.

La nueva legislación no solo reformó el Código Penal para otorgar la facultad de indulto al Ejecutivo, sino que también creó un marco legal específico que permite liberar a personas sentenciadas bajo circunstancias excepcionales, como condiciones de salud graves o ser el único cuidador de hijos menores o dependientes.

La diputada Nadia Xóchitl Contreras Herrera, de la Comisión de Justicia, destacó que la ley responde a la "necesidad real y urgente de humanizar la política penitenciaria" y corregir las restricciones "excesivas" que hacían la figura del indulto prácticamente inaplicable.

La ley establece criterios de prioridad humanitaria para otorgar el beneficio a delincuentes primarios con sentencia irrevocable. Se dará preferencia especial a:

• Personas que sean las únicas cuidadoras de hijos menores de 14 años o con discapacidad.
• Quienes padezcan enfermedades crónico degenerativas o terminales.
• Personas mayores de 70 años que presenten deterioro físico.
• Integrantes de otros grupos vulnerables.

Para garantizar la seguridad y la justicia, la ley impone estrictos candados. El indulto solo procederá si se garantiza la reparación del daño y si un reporte penitenciario demuestra un alto grado de reinserción social y la ausencia de riesgo para la comunidad.

Quedan excluidos de este beneficio:

• Personas condenadas por delitos de corrupción.
• Quienes hayan sido condenados por delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexuales y el Normal Desarrollo Psicosexual.
• Quienes tengan múltiples sentencias ejecutoriadas o reportes disciplinarios de mala conducta recientes.

La Secretaría de Seguridad Pública implementará programas de acompañamiento, que incluyen apoyo psicológico y capacitación laboral, para asegurar una efectiva reinserción de las personas indultadas.