Nacional GABINETE DE SEGURIDAD

¡Cae red de corrupción oficial! Sentencian a 27 exfuncionarios y mandos

Por Redacción · 9 de octubre, 2026

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Como resultado de las investigaciones estratégicas y los despliegues operativos coordinados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Gabinete de Seguridad Nacional, la Operación "Enjambre" ha logrado sentencias condenatorias que acumulan un total de mil 208 años y 10 meses de prisión en contra de 27 objetivos prioritarios.

La intervención interinstitucional surgió a raíz del hallazgo de restos humanos correspondientes a 10 víctimas en el municipio de Nicolás Romero. La investigación estableció la directa participación de elementos de la policía municipal y puso al descubierto una compleja red de infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad y administraciones de diversos ayuntamientos, diseñada para garantizar impunidad y protección a actividades ilícitas.

Entre las resoluciones dictadas por los tribunales destacan penas severas contra altos exmandos: la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue condenada a 70 años de prisión por homicidio; el excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, acumula 190 años de cárcel por homicidio, secuestro exprés y extorsión; mientras que el exdirector de Seguridad de Tlatlaya, Luis Ángel Nicolás Santos, recibió 50 años por secuestro exprés.

Asimismo, recibieron condenas exfuncionarios y jefes policiales de municipios como Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás y Ecatepec, además de siete agentes operativos de Nicolás Romero que recibieron penas individuales de 47 años y seis meses de prisión por homicidio calificado.

A cada uno de los procesados le fue respetada la garantía de presunción de inocencia durante sus procedimientos penales previos a la sentencia firme. Por su parte, la Fiscalía mexiquense y las fuerzas federales confirmaron que las acciones de la Operación "Enjambre" se mantendrán de forma permanente en la entidad para judicializar cualquier expediente ligado a la complicidad de servidores públicos con la delincuencia.

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